Entrevista de la Agencia TSS a Matías Bianchi, expresidente de Arsat. A casi un año del cambio de autoridades en el operador satelital argentino, la suspención de Arsat-3 y la autorización a siete nuevos satélites, muestras claras que el desarrollo industrial es un tema político.
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Agencia TSS – El ingeniero industrial Matías Bianchi fue designado como presidente de ARSAT en marzo de 2013. La empresa estatal se había creado por ley en el año 2006 para proteger las posiciones orbitales de la Argentina mediante la construcción de satélites de fabricación nacional. A lo largo de diez años, ARSAT (junto con INVAP, la empresa rionegrina a cargo de la construcción de los satélites) logró desarrollar una tecnología que solo domina una decena de países en el mundo y puso en órbita los dos primeros satélites geoestacionarios de telecomunicaciones fabricados en América Latina. Desplegó 36.000 kilómetros de infraestructura subterránea a través de la Red Federal de Fibra Óptica, de los cuales la anterior gestión dejó operativos 12.000 kilómetros. También, albergó al Centro Nacional de Datos, uno de los data centers más sofisticados de la región, y realizó el despliegue en el país de la Televisión Digital Abierta (TDA), un servicio gratuito de televisión de alta calidad.
Con la sanción de la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, en noviembre de 2015, se explicitó el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035 como política de Estado. En la norma se estipula la construcción de al menos ocho satélites a partir del autofinanciamiento: el siguiente satélite se construiría con los servicios vendidos por el anterior. Los ingresos también se utilizarían para realizar tareas de investigación con el objetivo de optimizar la plataforma y aumentar el porcentaje de componentes nacionales y regionales del satélite.
Al asumir como presidente de la Nación, Mauricio Macri puso al frente de ARSAT a Rodrigo de Loredo, yerno del ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, cartera de la cual pasó a depender la empresa. Un mes antes de lanzamiento del ARSAT-1, Macri había dicho: “Hay mucho despilfarro. Nunca vi un gobierno que malgaste tanto los recursos. Hacen empresas tecnológicas que no hacen falta, se generan empresas satelitales que no funcionan”. En 2006, los diputados del Interbloque Propuesta Federal, que respondían a Macri, se habían opuesto a la creación de ARSAT. El argumento predominante era que implicaba una privatización encubierta y que el Estado la utilizaría para hacer negocios con empresas multinacionales.
En menos de un año, el Gobierno paralizó la construcción del ARSAT-3 y autorizó a empresas satelitales extranjeras que son competencia directa de ARSAT a operar en el país: la holandesa SES, la francesa Eutelsat y la estadounidense DirecTV. Además, según investigaciones publicadas en Página/12, la empresa firmó un contrato con la consultora McKinsey que podría servir para justificar la privatización de la compañía. También, denuncian que la empresa española Hispasat está brindando servicios de manera ilegal. Esto desató una polémica a raíz de que hay funcionarios del Ministerio de Comunicaciones con un evidente “conflicto de intereses”, como Hugo Miguel, subsecretario de Planeamiento de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (área encargada de la política satelital) que hasta el año pasado fue director de tecnología de Tesacom, empresa de soluciones satelitales asociada a Hispasat.
En diálogo con TSS, Matías Bianchi –quien, junto con el exvicepresidente de ARSAT, Guillermo Rus, acaban de publicar un libro prologado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre su gestión al mando de la empresa– habló de los retrocesos que implica la política que está llevando a cabo el Gobierno y sobre la posibilidad de que ARSAT se privatice. También hizo autocrítica sobre su gestión y afirmó: “Me han dicho que Macri no quiere hablar de ARSAT porque es algo que no puede criticar”.
A pesar de los logros de ARSAT y de una ley que establece a la industria satelital como política de Estado parece bastante sencillo para el actual Gobierno desandar ese camino e implementar una política de cielos abiertos. ¿Por qué?
Esto es algo que veíamos venir porque no es una cuestión de si hubo éxitos o no, sino una cuestión de política económica. Está claro que este Gobierno no apuesta a la industria nacional, sino que va hacia una dependencia tecnológica. Si la política es abrir los cielos y dejar que entren los grandes operadores satelitales, me parece que no tiene mucho sentido el desarrollo nacional. La ley y los proyectos estaban pensados en función de una continuidad. Nosotros dejamos una ley que tenía un plan de negocios y los contratos firmados para el ARSAT-3. Ni siquiera era necesario financiamiento del Estado porque en el plan a 20 años está contemplado que provenga de los servicios que la empresa comercializa. Pero está demostrado que no hay respeto institucional por las decisiones del Congreso. A la ley ni la mencionan. Lo bueno es que la ley y el plan están publicados y disponibles para difundir lo que queríamos hacer y lo que estamos perdiendo. Pero esto no es una sorpresa, es lo que decíamos que iba a pasar. La sorpresa es el corto plazo en el que se pudo llevar a cabo el retroceso.
El presidente Mauricio Macri había prometió duplicar el porcentaje del presupuesto destinado a ciencia y tecnología. Sin embargo, lo recortó. ¿Hay contradicciones similares en lo que respecta a la industria satelital?
Me parece que, en el caso de la industria satelital, no hubo contradicción porque Macri criticó a ARSAT antes de los lanzamientos. Dijo que se hacían empresas satelitales que no funcionaban y después demostramos que no era cierto: pusimos dos satélites en órbita. Cuando fuimos al Congreso a defender la ley vimos que había asesores de diputados macristas que eran representantes comerciales de grandes empresas satelitales. Así que la política es bastante coherente con el discurso. Sí hubo contradicción desde el punto de vista de continuidad de la ciencia. Teníamos firmado un convenio con el Ministerio de Ciencia (MINCYT) para realizar desarrollos que mejoraran los satélites y para aplicar los logros obtenidos en otras áreas del entramado industrial. Pero la política espacial del MINCYT se acotó a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y del ARSAT no hablan más. Además, se dijeron mentiras muy burdas. Antes de terminar la gestión entregamos 12.000 kilómetros de fibra óptica iluminados y ellos salieron a decir que solo eran 6.000 y se adjudicaron la otra mitad. Encima, no iluminaron más nada. También dijeron que no podían continuar el ARSAT-3 porque el ARSAT-2 no estaba comercializado. Eso es una falacia, porque la migración de los clientes al ARSAT-1 fue rápida dado que reemplazaba al satélite alquilado que estaba en esa posición orbital (72° Oeste). El ARSAT-2, en cambio, ocupó una posición orbital nueva (81° Oeste). Había que desarrollar el mercado teniendo en cuenta que éramos una empresa que solo tenía un satélite en órbita y competíamos con un puñado de grandes empresas que lanzan satélites desde hace décadas. De todos modos, dejamos tres contratos firmados que corresponden al 30 % de la capacidad del ARSAT-2. Todo pasa por una decisión de frenar el proyecto y tratar de justificarlo de alguna manera.
¿Tiene validez el argumento para autorizar el ingreso de satélites extranjeros? ¿La libre competencia será beneficiosa porque bajarán los costos?
En realidad el mercado satelital es relativamente chico, no impacta directamente en el usuario. Sí hay mucha gente que hoy está en el Gobierno, en el área de Comunicaciones, que tiene intereses en empresas satelitales extranjeras. Entonces, a ellos los afecta, pero la gran mayoría de los argentinos no va a sentir la diferencia. Creo que la libre competencia puede funcionar en Estados Unidos o en mercados grandes, pero no acá. En los años noventa fueron autorizados un montón de satélites y el precio no bajó. Además, son satélites que compiten directamente con ARSAT, no aportan beneficios adicionales. Otro punto a tener en cuenta es la política económica, porque la inversión del Estado no estaba destinada solo a desarrollar la industria satelital, sino a aprender a manejar tecnologías complejas que después se puedan aprovechar en otras áreas para darle un valor agregado a la industria nacional.
¿Qué autocríticas hace a un año de haber dejado la gestión?
Nos hubiese gustado lograr una mayor profundización en los proyectos, aunque quizás eso es más bien una cuestión de plazos. Querría haberlo hecho más rápido. En términos de difusión de lo que hacíamos, una limitación que tiene ARSAT en el plano del “marketing” es que está concebida como empresa mayorista. El modelo era que nosotros llegábamos, por ejemplo, a una cooperativa, que le entregaba al cliente un servicio de mejor calidad. Entonces, el usuario final no ve a ARSAT, la fibra está enterrada, el satélite no se ve y es complejo dar a conocer todo ese trabajo.
¿No fue un error haber construido 36.000 kilómetros de fibra óptica y comenzar a iluminar después, en vez de ir construyendo e iluminando por tramos?
Creo que se hizo un plan muy ambicioso y llevarlo a cabo costó más de lo que se pensó en un principio. Estoy de acuerdo en que construir e iluminar por tramos hubiese sido mejor desde el punto de vista operativo. Pero, para posicionarnos en el mercado, teníamos que brindar un buen servicio y cumplir exigencias muy altas de calidad. Entonces, nos llevó más tiempo. Tuvimos que tomar la decisión de demorar la iluminación de algún tramo porque hubo que corregir cuestiones que fuimos detectando a medida que lo íbamos haciendo. Además, el despliegue de más de 30.000 kilómetros de fibra óptica tuvo una complejidad operativa importante que nos llevó a casi duplicar el personal de ARSAT, contratar a gente en todo el país para realizar el mantenimiento, equiparlos con herramientas y vestimenta, y hacer un seguimiento. La contracara de todo ese esfuerzo es que los 36.000 kilómetros están tendidos.
¿Cuál es el estado actual de la TDA?
Pararon el despliegue y eliminaron la parte del desarrollo de la televisión satelital. Las estaciones que instalamos cubrían cerca del 85 % de la población, pero había sombras, lugares adonde no llega la transmisión y eso se iba a cubrir con el servicio de televisión satelital. Para recibir la TDA en zona de cobertura de antena, el Gobierno entregaba un decodificador y, para las zonas aisladas, el decodificador más la antena satelital para recibir la señal. Además, aquellos a los que no se les daba el beneficio tenían la posibilidad de comprar la antena. Pero la distribución de decodificadores se cortó y también hubo cambios en la concepción de la TDA y en los contenidos. Se estaba ofreciendo una televisión de calidad y ahora pareciera que se va degradando poco a poco.
¿Volvió a hablar con de Loredo después del traspaso?
No. Nosotros renunciamos el 9 de diciembre pero seguimos yendo hasta después del 20 porque las nuevas autoridades no se hacían presentes. Tuvimos un par de reuniones y les dejamos una cantidad enorme de información, con planes de negocios y de operaciones. Fueron charlas informales, no se revisaron los balances punto por punto. Le dejé a todo el equipo de gestión disponible pero terminó desvinculándolo antes de que pudieran contar lo que habían hecho y lo que tenían previsto. Echaron a entre 20 y 30 trabajadores, algunos eran gerentes y a otros los despidieron por una cuestión de persecución ideológica. Me parece que por respeto a la forma en que hicimos las cosas por lo menos podrían haber dejado que contaran lo que se hizo y defendieran su trabajo. Creo que tenían miedo de darse cuenta de que no tenían mucho para criticar.
¿Cómo se puede avanzar hacia una integración regional de la industria satelital? ¿Qué pudieron hacer ustedes?
Hay distintos niveles de desarrollo. Por ejemplo, Venezuela y Bolivia tienen satélites propios. Fueron fabricados en China, pero tienen una mirada comercial y de soberanía de las comunicaciones. Después están los aspectos tecnológicos, donde Brasil tiene avances en satélites de observación de la Tierra pero en telecomunicaciones está bastante atrasado con respecto a la Argentina. Los cambios de gobierno que se están dando en la región complicaron la mirada a largo plazo, pero nosotros habíamos planteado el desarrollo de una industria satelital latinoamericana. En diciembre de 2014 hicimos un seminario en Bariloche, en el que compartimos experiencias con referentes de la región y fue un puntapié inicial. El planteo era el de integrarnos según el estado de desarrollo de cada país y trabajar en construir una mirada comercial en común que nos permitiese pararnos ante los grandes operadores y distribuir contenidos comunes. Entonces, en vez de comprarle satélites a China, cada uno podría desarrollar una parte diferente. Era un planteo bastante abierto, de hacerlo en conjunto y no de decir “vengan y cómprenle a la Argentina”. Nosotros fuimos a Chile y les hicimos una oferta interesante para que participasen en el ARSAT-3. Ahora me enteré que intentaron volver a contactarse para continuar con la oferta, pero no sé qué pasará. También hicimos una reunión con los embajadores de países latinoamericanos y les ofrecimos invertir en la construcción de un satélite a cambio de llevarse una parte de la capacidad para gestionarla.
En una entrevista, Guillermo Rus, exvicepresidente de ARSAT, consideró que una empresa estatal que funcione bien resulta algo incómodo para el Gobierno. ¿Es posible la privatización de ARSAT?
No es que yo lo crea: tienden a eso. En ARSAT hicieron un contrato casi secreto con la consultora McKinsey. Le cedieron el data center al Ministerio de Modernización en un convenio que tampoco hicieron público, a pesar de que hablan tanto de transparencia. La política de cielos abiertos tampoco fue algo declarado, sino que fueron deslizando de a poco algunas cosas. Pareciera que tienden, por lo menos, a desmembrar a ARSAT. Si se corta el financiamiento, cuando el ARSAT-1 tenga que ser reemplazado porque termina su vida útil, dentro de 15 años, habrá que alquilar un satélite o regalarle la posición orbital a otro país. Da la sensación de que el Gobierno está matando a la industria satelital. Creo que hay una probabilidad de que al ARSAT-3 lo terminen haciendo, en parte para no tener problemas con los proveedores extranjeros que eran nuestros socios estratégicos en el desarrollo. Y festejaremos que eso continúe. El problema es que nuestro plan no era simplemente construir un satélite, sino construir ocho o más. Queríamos generar una eslabonamiento positivo en el resto de la industria y trabajar con la comunidad científica para optimizar la plataforma. También buscábamos conseguir nuevas posiciones orbitales. Entonces, celebraremos que se haga ARSAT-3, pero es importante seguir el plan estipulado por ley.
¿Cómo ve el futuro de ARSAT en los próximos años?
Creo que se están concentrando en el desarrollo del Plan Federal de Internet, aunque no sé cómo van a comercializarlo. Y no creo que pase mucho más porque no hay intención de desarrollar la industria satelital. Si hubiesen respetado nuestros tiempos, Macri iba a ir a la base de Kourou a lanzar el ARSAT-3, porque lo habíamos pautado para 2019. Ya perdió esa oportunidad y lo lanzará el próximo presidente. La posibilidad de privatización de la empresa está latente, hay que ver cómo evolucionan las cosas. Pero los límites también los va poniendo la reacción de la gente. Me da mucha pena que muchas cosas se pierdan porque estaba todo dado para poder continuarlas sin costos para el Estado.
