La organización ambiental Greenpeace publicó su reporte semestral de deforestación donde, a partir de comparación de imágenes satelitales, se detectó un aumento del 15 por ciento en relación al mismo periodo de 2023. Se deforestaron 59.557 hectáreas, la mayoría de forma ilegal, a partir de lo cual se reforzó el reclamo para penalizar la destrucción de bosques.
Las imágenes satelitales tomadas por la organización demostraron que la situación más grave se da en las provincias de Chaco y Santiago del Estero. En este sentido, el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, expresó: “Nos preocupa mucho este aumento de la deforestación, y que la mayoría sea ilegal. En Chacho todos los desmontes se hicieron violando la suspensión que dictó la justicia provincial a fines de 2020”.
“Para peor, recientemente se sancionó una flexibilización de su ley provincial. Mientras que en Santiago del Estero el gobierno autoriza desmontes para ganadería donde no está permitido. Es evidente la complicidad entre gobiernos y empresarios agropecuarios para arrasar con nuestros bosques con total impunidad. Todo esto ya lo denunciamos ante la Corte Suprema”.
Según el relevamiento, se estima que entre enero y junio de 2024 la deforestación en Chaco alcanzó las 21.148 hectáreas; en Santiago del Estero 21.047 hectáreas; en Formosa 7.162 hectáreas; y en Salta 4.200 hectáreas. Un total de 59.557 hectáreas, lo que equivale a tres veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A su vez, el informe muestra que la principal causa de pérdida de bosques es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que se exporta, en gran medida, a Asia y Europa, sobre todo en la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande del continente.
En consonancia con esto, Giardini aseguró: “La deforestación provoca cambio climático, desaparición de especies, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, y pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que debería llevar a que los gobiernos actuaran en consecuencia, prohibiendo los desmontes, en lugar de promoverlos. Por otra parte, el sistema de multas no es suficiente contra la ilegalidad, por lo uqe la penalización se hace necesaria”.
