La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de presupuesto que destina 50 millones de dólares a TraCSS, el sistema de coordinación de tráfico espacial de la Oficina de Comercio Espacial de EE.UU. que la administración Trump intentó suprimir. El Senado había asignado 60 millones. La disputa refleja una tensión creciente sobre quién debe gestionar la seguridad orbital en un espacio cada vez más congestionado, con implicancias directas para operadores satelitales de todo el mundo, incluida América Latina.
El sistema de tráfico espacial que Washington casi cancela ahora tiene respaldo presupuestario en ambas cámaras del Congreso estadounidense. El 13 de mayo de 2026, el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes aprobó su proyecto de ley de gasto para Comercio, Justicia y Ciencia (CJS) correspondiente al año fiscal 2027, que incluye financiamiento para el Traffic Coordination System for Space (TraCSS), el sistema civil de coordinación del tráfico orbital que opera bajo la Oficina de Comercio Espacial (OSC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.
Qué es TraCSS y por qué importa
TraCSS es, en términos simples, el equivalente espacial de un sistema de control de tráfico aéreo: una plataforma civil diseñada para rastrear la posición de los satélites en órbita, detectar riesgos de colisión y emitir alertas a los operadores comerciales para que puedan maniobrar a tiempo. Su desarrollo arrancó en 2018, cuando la primera administración Trump emitió la Directiva de Política Espacial 3 (SPD-3), que encargó al Departamento de Comercio la creación de un sistema civil de gestión del tráfico espacial.
El financiamiento significativo para TraCSS no llegó hasta el año fiscal 2023, lo que retrasó el cronograma. Aun así, la Oficina de Comercio Espacial logró iniciar pruebas beta del sistema a fines del año fiscal 2024. Entre los participantes de esa fase de prueba se encuentran operadores de grandes constelaciones como la red Starlink de SpaceX.
El objetivo del sistema es también estratégico: el Departamento de Defensa quiere que una agencia civil asuma la gestión del tráfico orbital para operadores no militares, de modo de poder concentrar sus propias capacidades de monitoreo espacial en amenazas militares.
La Casa Blanca intentó eliminarlo, el Congreso lo rescató
La propuesta de presupuesto de la Casa Blanca para el año fiscal 2026 habría eliminado casi por completo el financiamiento de la OSC, que contaba con 65 millones de dólares en 2024, reduciendo su presupuesto a apenas 10 millones y dejando sin fondos específicos a TraCSS. El argumento oficial fue que el sector privado ya tiene capacidad para proveer estos servicios por su propia cuenta.
La industria respondió con firmeza. Una coalición de siete asociaciones industriales que representan a más de 450 empresas de espacio, satélites y defensa escribió a los comités de apropiaciones del Congreso para alertar que eliminar TraCSS pondría en riesgo a los operadores satelitales, elevaría los costos operativos y podría alejar inversiones del sector espacial estadounidense.
El Congreso no siguió al Ejecutivo. El Comité de Apropiaciones del Senado asignó 60 millones de dólares a la OSC para continuar expandiendo las capacidades operativas de TraCSS, mientras que la Cámara de Representantes destinó 50 millones, señalando la urgencia de mejorar la coordinación del tráfico espacial comercial e internacional.
En el texto que acompaña al proyecto de ley, los legisladores de ambas cámaras sostuvieron que proveer datos y servicios de conciencia situacional espacial (SSA) y gestión del tráfico espacial (STM) son misiones «inherentemente gubernamentales», en contradicción directa con la postura de la administración Trump.
Una pelea con consecuencias globales
La discusión no es solo presupuestaria. Detrás de ella hay una pregunta de fondo: ¿quién debe garantizar la seguridad en el espacio cuando la órbita terrestre baja (LEO) se llena de satélites comerciales a un ritmo sin precedentes?
Si TraCSS desaparece, la misión de gestión del tráfico espacial civil recaería nuevamente sobre la Fuerza Espacial de EE.UU., en un momento en que su misión militar ya se expande aceleradamente. Richard DalBello, ex director de la OSC, fue claro sobre los riesgos de privatizar completamente esta función: los proveedores comerciales de SSA pueden querer hacer este trabajo, pero aún no están en condiciones de hacerlo, y el sistema TraCSS ya está en fase de prueba.
Para América Latina, cuya actividad satelital —tanto gubernamental como comercial— depende en gran medida de la infraestructura de monitoreo orbital estadounidense, la continuidad de TraCSS no es un asunto ajeno: es parte del entorno regulatorio y de seguridad dentro del cual operan los satélites de la región. La decisión final sobre el financiamiento del sistema quedará definida cuando ambas cámaras del Congreso norteamericano acuerden la versión final del proyecto presupuestario.
