Nota de opinión sobre la situación que atraviesa el desarrollo satelital de comunicaciones argentino. La suspensión de ARSAT-3, el intento de privatización mediante un acuerdo con el operador norteamericano Hughes y una actualidad que preocupa. Por Matías Bianchi y Guillermo Rus
Una investigación periodística de Darío Gannio para el programa Economía Política, que se emitía los domingos por el canal de noticias C5N, develó durante el mes de Junio negociaciones secretas entre la sociedad anónima del Estado Nacional, ARSAT y una empresa privada norteamericana, Hughes Communications.
Asociarse con empresas extranjeras puede ayudar a acelerar procesos de desarrollo de industrias de alta tecnología. El análisis de la situación no pasa por el hecho del acuerdo en sí mismo, sino sobre la forma y las concesiones para llevarlo a cabo.
ARSAT y Hughes firmaron una carta de intención con el objeto de crear una sociedad anónima denominada de forma genérica NEWCO (que significa New Company), cuyo capital accionario estaría integrado en un 51% -ó más por Hughes- y en un 49% -o menos por ARSAT. Esta nueva empresa encargaría la fabricación de ARSAT-3 a INVAP, satélite destinado a brindar Internet Satelital en Banda Ka. Hughes sería el proveedor de la tecnología para la infraestructura terrestre y el Gateway (el equipamiento electrónico y las antenas en tierra).
El acuerdo que salió a la luz gracias a la investigación periodística generó fuerte rechazo en amplios y variados sectores de la sociedad, y fue tratado en profundidad por muchos medios de comunicación. Más allá de la polémica que se puede generar por tratarse de un proceso de privatización en una empresa estatal el acuerdo firmado entre ARSAT y Hughes viola el artículo 10 de la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, que exige que la transferencia de activos de ARSAT debe ser autorizada por el Congreso Nacional. A su vez también incumple el Plan aprobado por esa misma Ley, donde ARSAT-3 es el primer satélite de la ampliación de la flota de ARSAT.
La violación a la ley 27.208 le valió una denuncia penal al Presidente de la Nación, al Ministro de Comunicaciones y a las autoridades de ARSAT por abuso de autoridad. Además, el acuerdo incluye cláusulas que también generan controversias. La posición orbital desde donde se propone que ARSAT-3 opere será asignada a esta nueva empresa mixta sin ningún tipo de licitación, las controversias se resolverán en Estados Unidos -con lo cual hay una peligrosa prórroga de soberanía otorgada por una entidad estatal sin facultades para hacerlo- ni tampoco exige ningún tipo de compromiso de apoyar el desarrollo de la industria satelital argentina, entre las más destacadas.
Las autoridades de ARSAT y funcionarios de Cambiemos, incluido el propio Macri, defendieron el acuerdo y sus lineamientos básicos. Lo que en los hechos se trata de una privatización y extranjerización fue catalogado por ellos en el marco de esa defensa, como una inversión extranjera en tecnología argentina.
Argentina, desde el año 2006 con la creación de ARSAT por Ley, emprendió un camino para constituir un operador satelital nacional y ampliar y potenciar las capacidades de fabricación de satélites en INVAP, que se sumaba a los éxitos alcanzados por nuestro país en materia de desarrollos de alta tecnología (industria nuclear, satélites de observación y radares). Este recorrido finalizó de forma exitosa con la puesta en órbita de los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2 y se terminó de consolidar con la aprobación del Plan 2015-2035 donde se estipula la fabricación de ocho satélites en dicho período, la mejora tecnológica y el incremento del componente nacional. ¿Este marco es incompatible para que Hughes, que estaría confiando en la tecnología de INVAP, ofrezca sus servicios en el país? En absoluto. Lo que no tiene explicación es la creación de una nueva empresa mixta pasando por encima de las leyes nacionales, entregando el control de la empresa y cediendo gratuitamente las posiciones orbitales.
Nada tendría que haber impedido que Hughes adquiriera toda o una parte de la capacidad anticipada del satélite ARSAT-3 en Banda Ka para desplegar sus servicios en Argentina. Inclusive hubiera sido totalmente normal que se modificara la carga útil de ARSAT-3 por requerimientos de un cliente como Hughes. De esta forma, la empresa norteamericana hubiera podría haber establecido un acuerdo con ARSAT con un plazo adecuado a este tipo de operaciones y el satélite se lanzaba en el año 2019, como estaba previsto. También podría conseguirse el mismo resultado con lo que se llama una carga útil alojada (Hosted Payload en inglés). Desde una visión del socio extranjero significaría una compra de una porción de la capacidad de brindar servicios en un satélite que sería operado por ARSAT. Ninguno de estos dos escenarios hubiera encontrado algún tipo de cuestionamientos. Se hubiese evitado la reacción negativa de la sociedad, la imagen negativa de la empresa estatal, en el país y en el exterior, y la demora en la fabricación y puesta en servicio del tercer satélite de la flota de ARSAT.
Hughes es, sin dudas, un buen socio para desplegar los servicios de Internet Satelital en Argentina. Pero no es el único. De esta manera se abre otro tema polémico: ¿por qué el Estado Nacional se asociaría a una determinada empresa sin ningún tipo de mecanismo que garantice la transparencia en su selección? ¿Por qué esta empresa competiría en el mercado de la mano del Estado Nacional, dejando en desventaja a sus competidores privados? En el caso de un acuerdo de venta anticipada de capacidad o carga útil alojada no existirían estos cuestionamientos.
La suspensión de ARSAT-3 ya generó una grave discontinuidad en la Industria Satelital Nacional y el intento de acuerdo con Hughes un fuerte desprestigio del operador. Están todas las condiciones dadas para que ARSAT despliegue la banda Ka en el país, con Hughes (u otro) como cliente a través de una venta anticipada de capacidad o como socio con una carga útil alojada, no hay razones para continuar la demora, que incluso ya puso en peligro la asignación de frecuencias en banda Ka por parte de UIT en la posición de 81 grados Oeste.
El desarrollo de nuestro país requiere de más y mejor trabajo. Los avances obtenidos en los últimos diez años por ARSAT e INVAP en materia espacial son parte de lo que el Honorable Congreso de la Nación promulgó como Prioridad Nacional y Política de Estado en la ley 27.208. Retomar la construcción de ARSAT-3, que fue interrumpida a principios de 2016, es necesaria y urgente. Si la intención del Gobierno Nacional es privatizar el operador satelital ARSAT, tendrá que discutir su propuesta en el Parlamento y mostrarle a todos los Argentinos cuál es el destino intentan darle a la empresa.
Matías Bianchi (Presidente de ARSAT 2013-2015)
Guillermo Rus (Director de Latam Satelital – Vicepresidente de ARSAT 2012-2015)
