A tan solo unas semanas del lanzamiento de SAOCOM-1A cerró STI, una de las empresas nacionales de tecnología espacial y hubo numerosos despidos en otro proveedor de CONAE. Caída abrupta del presupuesto de la agencia argentina para 2019
Mientras en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina se debatía la aprobación del cuestionado Presupuesto 2019, donde se establecen fuertes recortes en todos los organismos de Ciencia y Tecnología, el impacto de la crisis económica golpeaba al sector espacial nacional. La empresa Servicios Tecnológicos Integrados (STI), proveedora de tecnología para los satélites de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), cerraba sus puertas debido a la falta de pago por los trabajos realizados para las misiones de CONAE y a la disminución de la actividad de cara al futuro.
STI participó en SAOCOM-1A, el satélite de CONAE lanzado tan solo 18 días atrás y se encontraba en plena actividad con su gemelo SAOCOM-1B que debe ser colocado en órbita en 2019.
STI fue fundada en el año 1991 por quien fuera hasta el 25 de octubre su CEO, Oscar Alberto Ignazi, ingeniero Electrónico y egresado del instituto Balseiro en la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro, donde comenzó a funcionar la empresa. Ignazi, previo a la creación de STI, fue el jefe de la División electrónica de INVAP.
STI participó en todas las misiones que lanzó al Espacio la CONAE desde el SAC-B en 1996. También se involucró en el proyecto Tronador de Veng que busca el acceso autónomo de la Argentina al Espacio y en otras áreas de la actividad espacial como el procesamiento y análisis de las imágenes que generan los satélites.
En 2012, cuando se editó la publicación conjunta entre ARSAT, INVAP y la CONAE “Desafíos del Sector Espacial Argentino”, STI declaraba tener 110 empleados de los cuales 95 eran profesionales y técnicos. STI destacaba su participación en distintas tareas para la fabricación de SAOCOM, el proyecto SARAT (SAR aerotransportado), el proyecto Tronador II y los satélites de arquitectura segmentada SARE.
Cuando el satélite SAOCOM-1A partió de las instalaciones de INVAP rumbo a Vandenberg, California, para ser lanzado al Espacio mediante un Falcon-9 de SpaceX, el conteiner que lo protegía estaba cubierto por una lona con los logos de las empresas y organismos nacionales que participaron de la misión: INVAP, Ascentio Technologies, SADE, Grupo GEMA (UNLP), Sur Emprendimientos y, entre ellas, STI.
Caída en la actividad y falta de pago
La actividad espacial y su evolución están muy fuertemente vinculadas a los proyectos estatales. Si bien existe una fuerte participación del capital privado en el segmento de las comunicaciones y hay un incipiente involucramiento en la observación de la Tierra, son los estados nacionales, muchas veces en cooperación internacional, los que impulsan gran parte de los proyectos e incluso la innovación en el sector privado. La reducción drástica de proyectos de NASA y la Fuerza Aérea en los Estados Unidos sería letal para las áreas espaciales de Boeing, Lockheed y Northrop Grumman. Lo mismo pasaría en Europa, China y cualquier otro país del mundo que tenga participación en la industria espacial.
En Argentina, las empresas mencionadas y algunas otras más se desarrollaron en el sector espacial a partir de los proyectos de CONAE y ARSAT. Incluso Satellogic, empresa privada que se encuentra desplegando una constelación de satélites pequeños de observación de la Tierra, financió buena parte de sus primeros desarrollos con aportes no reembolsables del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva, ahora degradado a Secretaría, durante 2012 y 2013.
Con la llegada al gobierno de la Alianza Cambiemos, los proyectos satelitales de ARSAT, a pesar de estar enmarcados en un plan aprobado por una ley nacional (27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital) fueron suspendidos. Los proyectos de CONAE sufrieron fuertes recortes y los fondos disponibles se priorizaron para SAOCOM-1A, misión con enormes retrasos, en parte por su complejidad. SARE, SABIA Mar y Tronador-II quedaron casi sin recursos y se encuentran virtualmente paralizados.
El presupuesto asignado a la CONAE, aprobado por el Congreso Nacional para el año 2015, fue de $1.411 millones, equivalente a USD168 millones al tipo de cambio del momento de su aprobación. Para 2016 se asignaron $1.863 millones, alcanzando los USD196 millones. Este último presupuesto, ejecutado durante el primer año de gobierno de Macri, no fue completamente ejecutado y para el año 2017 el gobierno de la Alianza Cambiemos estableció $1.740 millones para CONAE. En dólares, debido a la devaluación de la moneda durante 2016, el presupuesto 2017 cayó a USD113 millones. Para 2018, año en el que estaba planificado lanzar finalmente SAOCOM-1A, hubo un incremento de casi el 20%, pasando a 2.420 millones de pesos o USD135 millones.
El cuestionado presupuesto para 2019 contempla $1.951 millones para la CONAE, apenas por encima del presupuesto en pesos de 2016. Cuando se aprobó este último presupuesto, el dólar tenía un valor de 9,5 pesos, hoy es de 39 pesos. Entonces, en dólares, el presupuesto de la CONAE para 2019 es la cuarta parte del que disponía para el ejercicio 2016 aprobado en el último año de gobierno de Cristina Kirchner. Con estos recursos, no solo se mantiene la suspensión de la mayor parte de los proyectos de la agencia, sino que enfrenta importantes dificultades la finalización de SAOCOM-1B, gemelo del satélite lanzado semanas atrás.
A la reducción presupuestaria se suma otro problema financiero en la órbita de la CONAE: la falta de pago. La mayor parte de los contratistas, incluido INVAP, enfrentan enormes retrasos (hasta más de seis meses) en el pago de las facturas presentadas por avances en los contratos vigentes. Esto lleva a que las empresas deban endeudarse para afrontar salarios y otras erogaciones de su actividad. Debido a la crisis económica que enfrenta la Argentina, las tasas se encuentran en valores inauditos, lo que hace inviable el endeudamiento para cubrir costos operativos.
La falta de pago llevó a que incluso INVAP, empresa que tiene el apoyo del gobernador de la provincia y que cuenta con respaldo de casi la totalidad del arco político, no pudiera durante parte del año abonar el pago completo de salarios. Además, los últimos informes trimestrales arrojaron pérdidas producto de los elevadísimos costos financieros. Esta situación alcanzó un máximo de tensión cuando el propio Macri dijo, con el mismísimo gobernador de Río Negro a su lado, que “no estaba la plata” para afrontar los contratos vigentes de INVAP con el Estado Nacional, los que habían sido firmados “en la época de la magia”.
El exabrupto de Macri le valió al Jefe de Gabinete Marcos Peña una jornada en la Casa Rosada con toda la cúpula de INVAP hablando de deudas y compromisos de pagos. Sin dudas esta es una alternativa de negociación que está solamente al alcance de INVAP, no de las pymes.
Situación similar a la de STI atravesó Ascentio Technologies, otra de las empresas que participaron en SAOCOM y en muchos de los proyecto de CONAE. Ante la falta de pago, los problemas financieros derivados y la ausencia de nuevos proyectos, despidió a 35 personas, lo que representa alrededor de un tercio del equipo, en su mayor parte profesionales de las ciencias y la ingeniería.
Adjudicaciones
Según la información publicada en el Boletín Oficial, durante 2016 y 2017 la CONAE adjudicó contratos por 528 millones de pesos (USD34 millones) y 947 millones de pesos (USD54 millones) respectivamente. En 2016, USD15 millones fueron contratados a compañías del sector espacial y, dentro de este segmento, USD12 millones a empresas argentinas. En 2017 USD27 millones fueron adjudicados a empresas orientadas a la actividad espacial y USD17 a empresas argentinas del sector.
Durante 2016 y 2017 las empresas argentinas del sector espacial que trabajan con CONAE fueron adjudicadas por un total de USD29 millones. Estos montos no reflejan lo que CONAE pagó durante los dos años, sino solamente los montos de los contratos adjudicados, los cuales pueden tener plazos que superen el período analizado.
INVAP no figura dentro de la lista de empresas publicadas, seguramente porque los contratos en los que se enmarcan sus tareas son previos a 2016. Sin embargo, en función a los datos publicados por INVAP en sus informes trimestrales, se obtiene que entre 2016 y 2017 la empresa estatal generó ingresos por servicios a CONAE por USD72 millones, USD37 millones en 2016 y USD33 millones en 2017, un 10% menos que el período anterior. Estos ingresos corresponden a todos los trabajos de INVAP con CONAE, pero en su mayor parte corresponden a tareas de SAOCOM.
Si bien no son directamente comparables, los ingresos generados por INVAP durante 2016 y 2017 por USD71 millones y los USD29 millones adjudicados a otras empresas y organismos espaciales argentinos son una referencia respecto a la distribución de trabajos, principalmente en SAOCOM que consumió la mayor parte de los recursos presupuestarios en este período.
De los montos adjudicados en los dos años analizados, Ascentio Technologies obtuvo contratos por USD11 millones al igual que STI, seguidos por Sur Emprendimientos con USD,3,3. CEATSA, empresa estatal para ensayos ambientales cuyo accionista es ARSAT junto a INVAP, obtuvo USD2 millones seguida por DTA con USD1 millones. La Fundación Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) obtuvo USD746 mil y el Instituto Argentino de Radioastronomía USD85 mil. Otras empresas y entidades del sistema científico nacional podrían haber recibido pagos durante este período, pero si no fueron adjudicados durante 2016 o 2017 no se contemplan en este análisis.
Todas estas estadísticas presentadas tienen como finalidad evidenciar como el presupuesto de la CONAE se vio fuertemente reducido en los últimos tres años a pesar de una transitoria recuperación en 2017 producto de la finalización de los trabajos en SAOCOM y que las principales empresas nacionales que participan de los proyectos espaciales de la agencia argentina se encuentran en una grave situación financiera producto de esta reducción presupuestaria y la injustificable excesiva demora en el pago de los trabajos realizados.
En INVAP no hubo despidos, pero si una situación crítica que fue resuelta, al menos momentáneamente, en la casa rosada con la presencia de los principales referentes del ejecutivo nacional y un gobernador. Ascentio y STI no tuvieron la misma oportunidad, la primera se vio forzada a despedir una parte significativa de su equipo y la segunda directamente cerrar sus puertas tras 27 años trabajando para INVAP y la CONAE.
Así como la CONAE es producto de una decisión política, el desguace del misil Cóndor-II que desarrollaba la Fuerza Aérea a principios de los noventa por presión de los Estados Unidos, el avance significativo en materia espacial con ARSAT, la creación de CEATSA, el financiamiento de SAOCOM y Tronador-II durante los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner está ligado a decisiones políticas para impulsar la Ciencia y la Tecnología soberanas.
La situación que atraviesan la mayor parte de las empresas vinculadas a los desarrollos satelitales en la Argentina es producto de un cambio en el rumbo de las políticas de estado, que a pesar de estar enmarcadas en leyes nacionales, como la 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital que aprobó un plan con un horizonte de 20 años para ARSAT o el Plan Espacial Nacional de la CONAE, pueden ser discrecionalmente alteradas y desfinanciadas.
La degradación de la Ciencia y Tecnología de su calidad de Ministerio, la suspensión de ARSAT-3 y todo el plan satelital y el intento de privatización con Hughes, la autorización de 25 satélites extranjeros que compiten con ARSAT, la paralización de Tronador-II, los recortes en el financiamiento de la CONAE, la absurda e injustificable demora en los pagos y la ausencia total de nuevos proyectos, no son situaciones coyunturales o problemas circunstanciales, son justamente la política de la Alianza Cambiemos para la actividad espacial. Los despidos en Ascentio, el cierre de STI, la renuncia de quien fuera el jefe de proyecto de ARSAT-1, el virtual cierre de la carrera de ingeniería espacial y los problemas financieros de INVAP son sus consecuencias directas.
